Sólo el 4,3% de las personas sordas tiene un título universitario en Andalucía
La Junta aumentará el número de intérpretes de la lengua de signos española
La norma obligará a disponer de intérpretes en la Administración de Justicia
La Junta, las diputaciones y los ayuntamientos deberán garantizar intérpretes en lengua de signos española a los 174.000 andaluces que tienen discapacidad auditiva y sordoceguera en servicios públicos como la administración, educación, salud, justicia o transportes.
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de la ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera.
La norma, que amplía la legislación estatal de 2007, se aplicará en los servicios públicos, las relaciones con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones. Establece medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación para la población andaluza afectada por este tipo de discapacidades, que supera las 176.000 personas, según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro. “Se trata de convertir en derecho prestaciones para normalizar la plena integración de este colectivo”, ha destacado.
En Andalucía hay 44.443 personas que tienen reconocida una discapacidad auditiva, de las que 21.246 son hombres y 23.197 mujeres, mientras la sordoceguera alcanza a 314 personas.
Un 20% de analfabetos
En cuanto al perfil de las personas con discapacidad auditiva, sólo el 4,3% tiene estudios universitarios; el 20,8% no sabe ni leer ni escribir y el 41,3% tiene estudios primarios incompletos, aunque en general los que menos han accedido a la formación son los de mayor edad.
Con una dotación económica de 110 millones por año, desde el 2010 al 2012, las principales novedades pasan por la regulación de los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Los intérpretes de signo (actualmente 700) registrarán un notable incremento, ya que podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión administrativa y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral.
La Junta de Andalucía financió el pasado año la contratación de 281 intérpretes y la previsión es que este número casi se duplique tras la entrada en vigor de la ley. La norma promoverá la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva.
Además, la Administración de Justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y también se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
En Educación, deberán ser reforzados los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que, tal como recordó la consejera, ya se vienen utilizando en los centros escolares, aunque Navarro prevé que el lenguaje de signos español sea considerado a efectos académicos como un idioma. Este último aspecto supondrá promover la elaboración de planes de estudio adaptados y programas de formación para el profesorado.
La futura ley obligará a facilitar la accesibilidad a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamento de Andalucía y, con carácter general, a la información institucional y a los programas emitidos por los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales de acuerdo con la legislación electoral y sindical.
El régimen sancionador fijado es el mismo que en la ley estatal, que prevé multas de entre 300 euros para las infracciones leves y un millón para las catalogadas como muy graves.
Fuente: www.elmundo.es
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