El Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley para que, antes de la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), todos los contenidos de las televisiones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad sensorial (sordas y sordociegas), mediante el uso de subtítulos, lengua de signos o audiodescripción.
En el texto, hecho público, el Grupo Popular insta al Gobierno a encargar al Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) un informe sobre la accesibilidad en la implantación de la TDT.
A juicio del PP, la implantación de la TDT prevista para el 2010 “puede suponer un retroceso” para el citado colectivo, teniendo en cuenta que las “actuales condiciones” de la televisión por cable ya le impide acceder a los contenidos. Tras recordar que el CESyA “ha pedido al Gobierno que no se deje fuer de la TDT a nadie”, el PP considera que “se hace necesario actuar ahora que estamos a tiempo”.
CONVENCIÓN DE LA ONU
Asimismo, el Grupo Popular del Congreso ha presentado una proposición no de ley para que sea el Defensor del Pueblo quien promueva, proteja y supervise la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En su iniciativa, hecha pública hoy, el PP recuerda que fue en 2007 cuando España firmó y ratificó la citada convención, que entró en vigor en mayo de 2008. La convención establece que serán los estados partes los que establezcan el marco jurídico e institucional a tal fin. El Grupo Popular recuerda que el artículo 54 de la Constitución establece la institución del Defensor del Pueblo como “alto comisionado que las Cortes Generales designan para la defensa de los derechos fundamentales”.
Por lo tanto, añade el PP, dicha institución “goza de todas las facultades requeridas para satisfacer los requisitos de la convención”, lo que no impide que, como ordena el texto de la ONU, se establezcan en paralelo otros mecanismos independientes de supervisión de la aplicación de la misma.
El escrito del PP propone que el Congreso de los Diputados inste además al Gobierno a facilitar al Defensor del Pueblo “aquellos recursos financieros y humanos que necesita para llevar a cabo los cometidos” establecidos por la ONU.
Fuente: www.cronicasocial.com
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