La nueva presidenta de la Confederación Nacional de Personas Sordas (CNSE), Concha Díaz, ha alertado de la situación de “doble discriminación” que sufren las mujeres, gays e inmigrantes sordos y ha advertido de que actualmente la administración pública “no conoce todas las necesidades” del colectivo. Díaz sustituye desde el pasado mes de mayo a Luis Cañón al frente de esta organización.
“Una persona sorda también es mujer, inmigrante o del colectivo de Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales (LGTB), somos un grupo muy heterogéneo y, por eso, realizamos programas que se adaptan a todos. Compartimos la necesidad del acceso a la información y la comunicación, pero cada cual tiene sus características y necesidades”, ha apostillado.
En una entrevista concedida a Europa Press, Díaz ha criticado que la Ley de Lengua de Signos esté quedando en “papel mojado”, ya que las personas sordas “no gozan en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía” y “aún encuentran barreras”. Así, ha insistido en que “pese a que la ley se creó hace dos años y medio, el desarrollo normativo aún no se ha hecho visible”.
Por ello, ha declarado que su reto como presidenta en los próximos cuatro años es “conseguir la plena ciudadanía de las personas sordas en igualdad de oportunidades, es decir, que la Ley de Lengua de Signos se implemente y se cumpla”, puesto que, hasta la fecha, “no ha cambiado en nada la vida diaria de las personas sordas”.
En cualquier caso, ha celebrado la creación por parte del Gobierno del Centro de normalización de la lengua de signos española, cuya función será la de “velar, fomentar, difundir e investigar” la lengua de signos españolas. “Por fin, el Estado va a crear un centro que continúe el trabajo que viene haciendo la Confederación desde hace 75 años”, ha afirmado Díaz, a la vez que advierte de que “si el centro ignora a la comunidad sorda, está abocado al fracaso”.
DESIGUALDAD ENTRE CC.AA
Por otra parte, la presidenta se ha mostrado preocupada por las desigualdades entre comunidades autónomas en el trato a las personas sordas. En este sentido, ha apuntado que “pese a haber una ley de carácter estatal, cada comunidad tiene su responsabilidad”, en “garantizar el acceso a todos los recursos”, de forma que “no se puede permitir” que dependiendo del lugar de residencia sea más fácil o más difícil la accesibilidad.
Respecto a la educación, ha apuntado que “aún la formación bilingüe no es un derecho dentro de España” e insiste en que “no hay una equidad territorial”. En concreto, ha explicado que “dependiendo de en que comunidad donde viva”, la persona sorda puede optar a una educación en lengua de signos o no, lo mismo que ocurre con el bachillerato y el acceso a un interprete, provocando que, actualmente, “sólo un 3 por ciento de personas sordas accedan a la universidad”.
Asimismo, ha asegurado que en España hay un intérprete por cada 143 personas sordas, un número “muy inferior” al de otros países europeos, como es el caso de Finlandia con un interprete por cada diez. Díaz ha añadido que “esto implica que las personas sordas en su vida diaria tenga limitaciones de acceso a los recursos, bienes y productos que la sociedad tiene para el resto” y se ha propuesto trabajar para conseguir en España “un servicio de interpretación universal y gratuito”.
DE GRAHAM BELL AL SISTEMA SVISUAL
Por último, Díaz ha hablado de las nuevas tecnologías al servicio de las personas con algún tipo de discapacidad y ha comparado el momento del invento del teléfono por Graham Bell con la aparición del sistema de videointerpretación SVisual para personas sordas.
“Gracias a Graham Bell las personas oyentes, se empezaron a comunicar a distancia de forma normalizada, esto ocurrió hace muchísimo tiempo, sin embargo, para nosotros ese paso se dio hace un año y medio, cuando pudimos, por primera vez, hacer llamadas en tiempo real sin necesidad de tener al lado a un familiar o amigo”, ha explicado.
Fuente: www.europapress.es
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