Las mujeres con discapacidad auditiva están “más indefensas” y son “más vulnerables” que las oyentes ante la violencia de género porque, entre otros motivos, los recursos de información y los mecanismos de protección no están adaptados para sordos, según un estudio de la Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE) presentado este lunes en Madrid.
El acto contó con la participación del presidente de la institución, Luis J. Cañón, el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, el vicepresidente primero ejecutivo de Fundación Once, Alberto Durán y Mercedes Guerrero, Directora del Departamento de Atención a personas dependientes de la Obra Social Caja Madrid, que han colaborado en el estudio.
Según el informe, en España vive algo más de medio millón de mujeres con discapacidad auditiva y “la inexistencia de intérpretes de lengua de signos española (LSE) así como el desconocimiento sobre las personas sordas en las dependencias policiales, juzgados, centros de salud, en definitiva, en el proceso de atención integral hace que el ejercicio de sus derechos disminuya en relación al resto de la ciudadanía”.
“Primero en la comisaría, para poner la primera denuncia, es ahí donde nos encontramos con la primera barrera, porque cuando la mujer sorda va allí y la intérprete tarda una eternidad en llegar, son unos momentos cruciales, porque la mujer no sabe qué pasos tiene que dar. En estos momentos la mujer se pregunta: ¿Qué hago yo aquí?”, expone uno de los testimonios recogidos en el informe.
En este sentido, el trabajo, realizado a partir de entrevistas con mujeres, expertos y asociaciones, incide en que estas víctimas “están más indefensas” y sufren un riesgo mayor de padecer situaciones de maltrato y abusos de todo tipo “por sus dificultades para pedir ayuda” ya que “desconocen los recursos (…) desconocen sus derechos y su percepción sobre la violencia de género puede estar distorsionada”.
Sobre este asunto, incide en que las mujeres sordas registran un nivel educativo por debajo de la media y manifiestan una “escasa capacidad de lecto-escritura comprensiva, por lo que los textos escritos tampoco garantizan su acceso a la información”.
Otro de los problemas que afrontan es la “sobreprotección y el paternalismo familiar” que “limitan la capacidad de decisión, reduce la confianza en sus posibilidades y afecta a la autoestima de las mujeres sordas”, ya de por sí mermada a causa de la “discriminación” que según CNSE, padece el colectivo.
TIENEN MIEDO A DENUNCIAR
Además, se enfrentan al “aislamiento”, dado que la comunidad sorda “es relativamente pequeña” y “constituye un colectivo fuertemente cohesionado en el que la afinidad lingüística y cultural motiva un elevado grado de endogamia” lo que a menudo dificulta que las mujeres hablen “por miedo a las críticas y las represalias”.
Todos estos factores, sumados a la percepción de tener una “menor credibilidad que habitualmente” presentan las mujeres sordas, se traduce según el estudio en un “miedo a denunciar” que si ya padecen las mujeres afectadas por la violencia machista, en el caso de las que tienen discapacidad auditiva se ve agravado.
“El paso de la denuncia tiene que ser mucho más difícil, surge el miedo, no saben cuáles pueden ser sus posibilidades después”, explica otro de los testimonios recogidos en el informe, que alerta de que cuando estas mujeres acuden a la justicia y se separan de su agresor “aumenta el riesgo porque para él localizarla es muy fácil debido a que la comunidad sorda es muy pequeña y aunque se vaya a otro pueblo o ciudad acaba localizándola”.
LA POSICIÓN DE LAS ASOCIACIONES
El informe incluye un sondeo realizado entre distintas federaciones de asociaciones de sordos en España, más de la mitad de las cuales coinciden en afirmar que el colectivo está “poco” sensibilizado con la violencia machista, aunque la incidencia de esta lacra social es mayor entre las personas con discapacidad auditiva. No en vano, el 60% de los encuestados conocían personalmente algún caso.
En relación a la incidencia de la violencia de género en su localidad, el 86,7% opina que la violencia contra las mujeres es un problema que se da con bastante (63,4%) o mucha frecuencia (23,3%) en su localidad, frente a un 13,3% que lo considera poco frecuente.
Por todo ello, la CNSE considera urgente implementar todas las medidas de sensibilización, prevención, formación e intervención que contempla la Ley Integral contra la Violencia de Género y hacerlo teniendo en cuenta las necesidades específicas de este colectivo para garantizar su acceso en las “mismas condiciones” que el resto de mujeres.
Fuente: www.europapress.es
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