El grupo juntero PSE-EE de Gipuzkoa ha enviado una iniciativa a la Diputación con el objetivo de que los servicios de atención a mujeres maltratadas que ofrece el Gobierno foral cuenten con un intérprete de lengua de signos “en horarios de emergencia” para que las afectadas sean atendidas “de manera integral” en el ámbito psicológico y jurídico.
La juntera y portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Susana García Chueca, explicó hoy en San Sebastián los detalles de la propuesta junto al presidente de la Federación Vasca de Asociaciones de personas Sordas (Euskal Gorrak), Álvaro Ortega, y el vicepresidente de la misma, Fernando Sánchez, quienes denunciaron que, en la actualidad, las mujeres con problemas auditivos “sólo pueden contar con un intérprete en horario ordinario, de lunes a viernes”.
Con todo, el objetivo de la iniciativa es que el servicio foral de urgencias sociales y el centro de atención inmediata a mujeres víctimas de malos tratos cuenten con “una atención especializada para mujeres con problema auditivos”, ya que “si las situaciones de maltrato son duras para cualquier mujer, lo son un poco más para aquellas que presentan especial dificultad en su comunicación”, afirmó García Chueca.
Según la ley de Servicios Sociales aprobada en diciembre, las competencias en materia de atención socio-jurídica y psicológica para mujeres víctimas de malos tratos corresponden a las diputaciones, por ello García Chueca animó al Gobierno foral a “mejorar la atención a las mujeres sordas que sufren malos tratos”.
En este sentido, Ortega afirmó que resulta necesario ofrecer un servicio de interpretación de lengua de signos “cuando sucedan situaciones graves y urgentes” y la adaptación de los recursos psicológicos y judiciales “aprovechando los recursos tecnológicos con móviles, webcams o video conferencias”.
“Una mujer sorda víctima de malos tratos no puede contar con el teléfono de atención a mujeres maltratadas y, una vez acude a denunciar el hecho, si no hay nadie que la pueda comprender porque no existen intérpretes de lengua de signos, se derrumba”, explicó García Chueca.
Para remediar esta situación, el grupo socialista presentó una propuesta de resolución en enero de 2009 para que La Asociación de Familiares de Personas Sordas de Guipúzcoa, Aransgi, realizara un estudio sobre las necesidades del colectivo de personas sordas en Gipuzkoa, en el tuviese “una presencia relevante la situación de las mujeres con este tipo de problemática que sean víctimas de maltrato”.
“Hay que saber cuántas personas sordas sufren de maltrato, así como qué atención específica psicológica van a necesitar, cuantos recursos, qué tipo de servicios de emergencias” para que la sordera deje de ser “una discapacidad que la ciudadanía cree invisible y sensibilizar a la sociedad para romper con esas barreras de comunicación” entre personas sordas y oyentes, afirmó Ortega.
Por su parte, Sánchez insistió en la “necesidad básica” de formación que “existe dentro de la comunidad sorda”, ya que “con educación sería más factible la igualdad entre personas sordas y oyentes”.
Fuente: Europapress
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